Algunos países de Latinoamérica estarían copiando el “modelo Bukele” para combatir la criminalidad

Las bandas tienen una presencia estable en América Latina. Han existido de forma reiterada como agentes de poder, actores económicos ilícitos y saboteadores de los procesos de desarrollo de varios países.  

Sin embargo, a pesar de su influencia, nunca habían sido consideradas elementos lo suficientemente fuertes como para hacer tambalear el sistema. 

Ante este panorama, el reelegido presidente de El Salvador Nayib Bukele, quien llego al poder en el 2019 prometió una nueva era de gobernanza, particularmente en el ámbito de la seguridad.  

Con una combinación de políticas innovadoras y mano firme, Bukele se ha embarcado en una misión para combatir el crimen y la violencia en un país plagado de inseguridad durante mucho tiempo.  

El Salvador ha enfrentado desafíos importantes en las últimas décadas, marcados por altos índices de violencia relacionada con pandillas, tráfico de drogas y crimen organizado. 

El modelo Bukele  

El enfoque de Bukele en materia de seguridad enfatiza una estrategia multifacética que combina la aplicación de la ley con iniciativas sociales y desarrollo económico.  

Un elemento central de su visión es el concepto de «control territorial», destinado a recuperar áreas dominadas por elementos criminales y restaurar la autoridad estatal.  

Este enfoque implica el despliegue de fuerzas de seguridad para atacar los focos de criminalidad, desmantelar las redes de pandillas y establecer una presencia visible en las comunidades.  

Una de las medidas más audaces de Bukele fue el despliegue del ejército para apoyar las operaciones policiales.  

Esta decisión, aunque controvertida, se planteó como una medida necesaria para enfrentar las redes criminales arraigadas que habían abrumado a las agencias tradicionales de aplicación de la ley.  

Los críticos expresaron su preocupación por posibles abusos contra los derechos humanos y la militarización de las fuerzas del orden. 

Pero Bukele argumentó que se necesitaban acciones decisivas para restaurar el orden y proteger a los ciudadanos. 

Junto con el aumento de las medidas de seguridad, Bukele también ha lanzado iniciativas para abordar las causas fundamentales del crimen y la violencia.  

Países que siguen este modelo  

A pesar de la suspensión de las libertades civiles y las acusaciones de abusos en El Salvador, políticos de países vecinos como Honduras y Guatemala han elogiado al presidente Nayib Bukele como un modelo digno a seguir 

Esa admiración no se limita a un extremo del espectro político. En Honduras, la presidenta de izquierda Xiomara Castro anunció su propia represión contra las pandillas que generó comparaciones con las de El Salvador.  

En Guatemala, el excandidato presidencial de derecha Zury Ríos llamó a El Salvador un “modelo de referencia”. 

Y es que política de mano dura está ganando adeptos en toda la región. A finales de abril de 2024, los ecuatorianos votaron a favor de continuar con el estado de excepción en un referéndum nacional.

Esta medida otorga al presidente Daniel Noboa el poder de desplegar soldados en las calles para luchar contra “la violencia alimentada por las drogas y extraditar criminales al extranjero”. 

Asimismo, hay que decir que incluso países con tasas de homicidio muy bajas como Bolivia, Argentina y Chile han adoptado algunas políticas de mano dura o similares al enfoque en cuestión. 

Una alternativa a Bukele 

Recientemente, los aliados de Bukele en la Asamblea Legislativa aprobaron una ley que permite juicios masivos.  

El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, dijo que hasta 900 personas podrían ser procesadas al mismo tiempo.  

Según la nueva legislación, los fiscales no estarán obligados a presentar pruebas individuales contra presuntos miembros de pandillas, dijeron los legisladores.  

Estos juicios kafkianos socavarían el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia de las pandillas, obstaculizarían la liberación de personas inocentes y violarían las garantías del debido proceso. 

Las fuerzas de seguridad han arrestado a más de 71.000 personas, incluidos más de 1.600 niños, bajo un estado de emergencia que ha suspendido derechos básicos durante casi un año y medio.  

Arrestos sin causa 

Muchos salvadoreños sin conexiones con pandillas han sido arrestados, especialmente en barrios de bajos ingresos. 

Nuestra investigación muestra que algunas personas detenidas han sido torturadas, decenas han muerto bajo custodia y miles han sido sometidas a condiciones inhumanas durante su detención, incluido el hacinamiento extremo.  

La mayoría están recluidos en régimen de incomunicación con sus familias y abogados.

Una inmensa concentración de poder en el poder ejecutivo lo hizo posible. Desde que asumió el cargo, Bukele llenó la Corte Suprema, reemplazó al fiscal general por un aliado suyo y purgó el poder judicial

Ha promovido un ambiente hostil para los periodistas, obligando a algunos a exiliarse

  • Imagen de portada tomada/Ministerio de Justicia de El salvador